El calvario de este peñarandino víctima de la penúltima gran crisis sanitaria

El 1 de mayo de 1981 moría la primera víctima del síndrome del aceite tóxico de colza (SAT), el niño de ocho años, Jaime Vaquero. A partir de esa fecha España vivió otra de las grades crisis sanitarias de su historia que dejó más de 5.000 muertos y actualmente sobreviven 20.000 personas que siguen sufriendo secuelas.

El coronavirus y sus terribles consecuencias han revivido, aún con más intensidad, algo que no olvidan los que fueron víctimas de aquel envenenamiento masivo. “Hoy lamentamos profundamente que 39 años después parezca que se ha aprendido poco de nuestra terrible experiencia con muertes inesperadas, impotencia para quienes enferman por su curación, incomunicación y soledad en la enfermedad y la muerte, incertidumbre sobre el ahora y el futuro, caos hospitalarios, trabajo incansable de profesionales y científicos que no se ponen de acuerdo” afirman desde la plataforma “Seguimos viviendo”.

El peñarandino Miguel Ángel Sánchez perdió a su madre víctima del SAT cuando tenía sólo 11 años y además él y una de sus hermanas también se vieron afectados. “Tras ocho meses en el hospital, mi madre vino a morir a casa y yo tampoco tuve ni la oportunidad de despedirme de ella”, recuerda. “Muchos padecemos a día de hoy más de cien secuelas como diabetes, hipertensión, afectación pulmonar y ahora tenemos mucho miedo de contagiarnos con el coronavirus ”, reconoce Sánchez. “Lo que está pasando ahora también nos afecta mucho psicológicamente porque nos recuerda lo que vivimos en su día, meses en el hospital entonces sin televisión ni internet, pruebas muy duras, los profesionales que nos atendían tampoco sabían en principio qué era, se pensaba que era algo respiratorio y luego sufrir el estigma de la gente que temía que les contagiáramos”, recuerda.

“Fue la mayor tragedia alimentaria del mundo, el Estado fue juzgado y condenado y de las indemnizaciones que recibimos nos descontaron todas las ayudas que recibimos al principio para enterrar a nuestros fallecidos, para comprar leche materna las mujeres que no podían amamantar a sus hijos, para prótesis, sillas de ruedas y botas ortopédicas e incluso los profesores que nos daban clase porque no podíamos ir al colegio”.

“Por mucho dinero que te den, no vale la pena porque nos han robado la vida y a día de hoy no tenemos ninguna ayuda por parte de la oficina de gestión para el síndrome tóxico para estas necesidades”, añade. “Nuestros muertos ni siquiera han recibido un homenaje de Estado ni los profesionales que nos cuidaron han tenido un reconocimiento” cuenta. Atención médica, investigación y cómo afecta el SAT a la descendencia siguen siendo sus “caballos de batalla”.

“Principalmente lo que pedimos es la creación de una unidad de seguimiento en Madrid donde puedan ir las víctimas de todo el estado. Ésa es nuestra mayor prioridad porque si no tenemos mejor calidad de vida para envejecer dignamente, lo demás no merece la pena”, afirma.

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