Miércoles, 27 de julio 2022, 13:05
La Diputación de Salamanca incrementará la cuantía de sus ayudas de urgencia social, además de elevar el importe máximo de ingresos anuales para poder acceder a ellas. El objetivo de esta prestación es poder atender de forma temporal las necesidades básicas de subsistencia de personas que se encuentran en situación de urgencia social y no pueden hacer frente a gastos específicos ni por sus propios medios, ni desde otros recursos sociales.
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Tras un complicado año 2020 donde la pandemia obligó a la institución provincial a redoblar esfuerzos para atender a 662 familias (400 de ellas por primera vez), los primeros seis meses de 2022 han sido de “relativa normalidad” con 246 prestaciones de urgencia social tramitadas y 213 concedidas por un importe total de 237.784 euros.
El temor, reconocen desde el área de Bienestar Social, es que la “avalancha” de personas que necesiten ser atendidas llegué a partir de ahora por el impacto que las subidas de la luz, el gas y la cesta de la compra están teniendo en la economía familiar.
Así lo confirma Eva Picado, diputada responsable, que explica que la institución provincial cuenta además con un “colchón” de un millón de euros para poder hacer frente a una situación de emergencia entre las familias de las zonas rurales. “Nos preocupa lo que pueda venir a partir de ahora porque han sido dos golpes seguidos”, reconoce en referencia a la crisis que dejó tras de sí la pandemia del coronavirus y al impacto económico que ha provocado la invasión de Ucrania.
Entre las 213 prestaciones concedidas en estos primeros seis meses de 2022, 110 fueron para la atención de necesidades básicas de la vivienda (suministros energéticos) por valor de más de 41.000 euros, y otra más para hacer frente a una deuda hipotecaria.
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Aunque el perfil de las familias atendidas es variado, la pandemia convirtió en 2020 en demandantes de estas prestaciones a salmantinos que nunca antes habían necesitado de este tipo de ayudas. De hecho, aquel año supuso un antes y un después para la institución provincial porque tanto el número de ayudas concedidas, como su cuantía, había ido en descenso desde 2014 hasta ese momento.
La situación de gran vulnerabilidad en la que quedaron muchas familias salmantinas se ha visto agravada por el atasco que han sufrido otro tipo de prestaciones, como ocurrió en la Seguridad Social con las tramitaciones del Ingreso Mínimo Vital, que hizo que muchas de estas personas quedaran en un “limbo legal”.
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