El Código Civil establece en su primer artículo que “las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del ... derecho”. La ley está escrita: el Parlamento la elabora y promulga, todos los poderes del Estado están igualmente obligados a aplicarla y, dentro de ellos, el poder judicial la interpreta y resuelve los casos litigiosos.
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En palabras de Ignacio Varela, “en cinco años de Pedro Sánchez en la Moncloa —primero en solitario, después en coalición con la galaxia podemita y siempre en alianza estratégica con los nacionalismos disgregadores— ha quedado demostrado sobradamente que este presidente y sus gobiernos mantienen una relación hostil con los principios generales del derecho; por tanto, con el derecho mismo”.
Uno tiene la sensación de que para el actual Gobierno el orden jurídico es un mero instrumento que solo tiene sentido en la medida en que resulte funcional para la conquista de sus objetivos políticos.
Un ejemplo de esa estrategia es el debate suscitado en torno al delito de sedición. Un debate que según la abogada del Estado Elisa de la Nuez es profundamente tramposo: “Hablamos de leyes penales ad hominem o del famoso Derecho penal de autor. Sería más honesto reconocerlo así y no abrumar a la ciudadanía con argumentarios técnico-jurídicos normalmente interesados (sobre si existen o no delitos equivalentes a la sedición en los ordenamientos jurídicos de otros países de la Unión Europea) con las benéficas consecuencias de esta reforma para la “normalización” de Cataluña y la “desjudicialización del conflicto”.
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Los hechos perpetrados por los separatistas juzgados por el Tribunal Supremo no fueron sino un golpe institucional desde que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 el Parlament —pese a todas las advertencias que le hicieron sus propios letrados— decidió aprobar leyes para “desconectarse” del ordenamiento constitucional español y convocar un referéndum ilegal sin ninguna garantía, para, más adelante, realizar una declaración unilateral de independencia que sólo duró unos minutos. Las cosas claras: aquello fue todo menos una amistosa despedida.
En el caso de la sedición, es conveniente oír a los beneficiarios, es decir, a los separatistas catalanes, que no han tenido empacho alguno en vender a sus electores esta nueva concesión como un triunfo de sus tesis, y, en efecto, es su triunfo y también nuestra derrota. La derrota de quienes defendemos la Constitución y todo lo que ella significa.
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