EN apenas una semana, hemos asistido a dos hechos que demuestran el creciente aprecio de nuestros próceres por la pérdida de tiempo.
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El primero de ellos se produjo el pasado martes en las Cortes de Castilla y León. La víspera se filtró que el pleno ... de ese día arrancaría con la lectura de una declaración institucional en defensa del mantenimiento de la diócesis de Ciudad Rodrigo, sobre la que se cierne la sombra de la desaparición después de dos años sin obispo titular. Vendieron la piel del oso antes de cazarlo y los promotores de esta iniciativa se llevaron la desagradable sorpresa de que ni el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, ni su homóloga de Vox, Fátima Pinacho, apoyaron tal documento, que necesitaba la unanimidad de la cámara para que saliera adelante. El primero adujo que no corresponde a las instituciones políticas meterse en las cuestiones organizativas de la Iglesia. No le faltaba razón, aunque todo el mundo vio la alargada mano de los obispos en su decisión. Y la segunda se enfadó porque el PP no le envió el texto que iban a firmar todos los partidos -Podemos incluido, ¡válgame Dios!- con la suficiente antelación como para estudiarlo. Una niñería, vamos.
Independientemente de las intrigas palaciegas y vaticanas, que tanto dinero nos cuestan a los contribuyentes, no veo la necesidad de tal declaración. El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, lleva meses peleando para que la diócesis civitatense perdure. Y para ello ha pedido ayuda hasta al mismísimo Rey Felipe VI quien, como no tiene otros problemas en estos momentos, seguro que habrá dedicado buena parte de su tiempo a este asunto. La mayoría de los sectores de la sociedad de Ciudad Rodrigo apoya a su primer edil. Entienden que la absorción de la diócesis mirobrigense por la de Salamanca supondría un deterioro del patrimonio cultural y artístico religioso, que derivaría en un impacto muy negativo en el turismo de la zona. En el fondo, ven que se van a llevar algo que consideran como suyo, aunque muchos no hayan pisado su parroquia desde la Primera Comunión. Son los mismos que critican a la Iglesia, también con razón, cuando desde el púlpito los curas se meten en fregados políticos. Y en realidad, el problema viene de la falta de vocaciones sacerdotales y de que los templos llevan años cumpliendo el aforo restrictivo que ahora marca Igea sin necesidad de que se lo impongan. Parece como si de la Iglesia solo nos interesaran sus piedras.
El segundo asunto tuvo lugar el viernes en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca. El Grupo Popular y Ciudadanos presentaron una moción de forma conjunta para condenar la violencia callejera que todavía continúa produciéndose en varias ciudades españolas tras la detención del rapero Pablo Hasél. Y a ello le dedicaron los concejales buena parte de un larguísimo debate que solo sirvió para que cada grupo político se retratara. Como si no conociéramos ya de qué pie cojea cada uno. Frases grandilocuentes, ingeniosas ocurrencias para meter el dedo en el ojo del adversario político, naderías. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no quieren estos vacuos apoyos, prefieren una equiparación de sueldos de una vez por todas, que se cobren las multas que imponen y que cuando llevan a un delincuente frente al juez, no salga por la puerta antes de que ellos se den la vuelta. Vamos, menos palabras y más hechos.
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Con la que está cayendo, me cuesta comprender este tipo de mociones o declaraciones institucionales que a nada llevan. Si nuestros representantes políticos se dan una vuelta por el centro comercial de Salamanca o por cualquiera de nuestros pueblos, comprenderán que no hay tiempo que perder. Que necesitamos que tengan la cabeza a otras cuestiones más productivas. Que hace falta con verdadera urgencia, por ejemplo, un plan a veinte o treinta años vista sobre el que se asiente el futuro económico de la provincia. Y para eso sí que hace falta consenso, trabajo en equipo, horas de devanarse los sesos, talento, imaginación, altura de miras.
¿De verdad creen que con tanta palabrería estéril pueden llegar a justificar su sueldo?
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