Ha tenido que ser un juez quien destripe, en forma de auto judicial, la actuación de la Junta de Castilla y León en materia de coronavirus. Y lo ha hecho con un diagnóstico demoledor.
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Dice el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ... de Valladolid, que el pasado jueves no ratificó las medidas de confinamiento impuestas por la Junta al municipio de Pesquera de Duero, que no encuentra “justificación técnica” para que se lleve a cabo tan desproporcionada medida. Y lo explica. Por un lado, señala que la Orden de la Junta contiene la misma exposición de motivos que todas las demás que ha ido dictando para otros confinamientos, en un “texto reiterado y abstracto (...) que ni siquiera alude al municipio al que se refiere”. Tela. Además, -apunta- no se presenta ningún informe o dato epidemiológico que sustente o justifique la adopción de tales medidas. El juez analiza los datos que le han pasado y descubre que desde el 24 de agosto hay en la localidad vallisoletana una ratio de 1,04 casos al día, pero echa en falta información sobre ingresos hospitalarios, posibles muertes..., es decir, un estudio estadístico profesional y en condiciones con el que justificar la eliminación de un derecho fundamental por la mera invocación a la salvaguarda de la salud pública. Vamos, que no todo vale.
No es la primera vez que un juez pone el dedo en la llaga en este asunto. Hace apenas dos semanas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos también tiró de las orejas a la Junta por pedirle que ratificara el confinamiento de Aranda de Duero durante 14 días. El magistrado entendió que existía transmisión comunitaria en la localidad y por eso aceptó su confinamiento, pero solo por una semana. “Dos días antes de la finalización de cada periodo, el responsable del servicio de localización y rastreo deberá enviar a este juzgado un informe sobre la situación de los focos, así como los indicios que tenga de la existencia de otros no detectados”, apuntaba en su auto. Y solo así vería si continuaba aislando al pueblo otra semana más.
En el fondo, ambos juristas vienen a decir que no se puede pedir esfuerzos a los ciudadanos -algunos tan ímprobos como no poder salir de sus municipios- si no vienen acompañados por un trabajo serio y riguroso de la Administración. Es muy fácil pedir, pero también hay que dar
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Llevamos ya medio año padeciendo esta pandemia y parece que nuestros gobernantes, da igual su color político, no han terminado de enterarse. Todavía recuerdo mi cara de perplejidad cuando leí que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reconocía en una entrevista publicada en este periódico, que se dio cuenta de la gravedad de la pandemia al día siguiente del 8-M. Le costó. Como a Pedro Sánchez y sus acólitos.
Aquella falta de previsión se ha ido sucediendo a lo largo de este tiempo. No es de recibo que, a estas alturas de esta película de terror, no podamos hacer cuantas pruebas PCR sean necesarias para controlar los contagios porque faltan unos reactivos. Resulta intolerable que se tarden días, e incluso más de una semana, en dar los resultados a quienes se han practicado estas pruebas, con la consiguiente ruptura de la cadena de contagios. No tiene un pase que Sanidad y Educación lancen mensajes contradictorios a los padres de un niño que ha estado en contacto directo con otro contagiado sobre si puede o no acudir al comedor escolar. Resulta incomprensible que los responsables de los centros educativos hayan recibido el protocolo de actuación contra el COVID en las aulas la víspera del inicio del curso y tuvieran que ir deprisa y corriendo a buscar en almacenes mamparas y artículos de señalética para adaptarse a lo que ordena la Junta. Es difícil de explicar que la Subdelegación del Gobierno tarde días en poner a la Policía y a la Guardia Civil a controlar el cumplimiento de las medidas restrictivas.
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Esta forma de actuar solo tiene un nombre: improvisación. Y yo creo que ya va siendo hora de ir pidiendo responsabilidades. ¿No creen?
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