La Universidad de Salamanca se ha tomado un año de respiro para implantar la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español, la LOSU. Todo un acierto.

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Aunque inicialmente el rector Ricardo Rivero se mostró dispuesto a llevar a cabo la reforma de forma inmediata, finalmente el pasado viernes optó por proponer al Claustro un aplazamiento de la adaptación de los Estatutos a la LOSU hasta abril de 2024. Con argumentos convincentes, el rector justificó la decisión y, como era de esperar, el Claustro aceptó su propuesta por asentimiento, sin apenas comentarios pese a que se trataba de debatir sobre una cuestión crucial para la institución académica.

Hace tiempo que el Claustro es un remanso de paz. Salvo en periodo electoral, en el máximo órgano de representación ya no hay ningún tipo de ‘batalla’, nadie levanta la voz contra la política del Rectorado, no hay gurús que dicten lecciones, ni estudiantes que traten de sacar los colores a algún profesor o vicerrector. No defiendo las ‘peleas’ entre profesores, pero no entiendo que ya no haya intervenciones en el Claustro, la participación prácticamente es cero. ¿Nadie tiene nada que objetar? ¿No hay ningún problema que exponer? ¿Ningún claustral tiene una reflexión interesante que exponer?

La sesión del viernes comenzó con un centenar de asistentes de los trescientos claustrales y terminó con apenas veinte personas, la mayoría miembros del equipo rectoral o representantes de las comisiones del Claustro que tuvieron que exponer su informe.

Sin duda, la reforma de los Estatutos debería ser una buena oportunidad para revitalizar un órgano que, de lo contrario, se convertirá en un mero trámite para el rector de turno.

Pero volvamos al tema central: la LOSU. El retraso acordado por la Universidad de Salamanca es todo un acierto, no hay que olvidar que a final de año hay elecciones generales. ¡Quién sabe si no habrá un cambio de Gobierno y con él un nuevo cambio legislativo! Teniendo en cuenta la inestable situación política, que depende más de los pactos que de las urnas, todo es posible, de manera que no tiene sentido dedicar esfuerzos y poner patas arriba toda la institución académica para adaptarse a una norma que quizás nunca llegue a implantarse por completo.

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Este será un año de ‘impasse’, aunque lo cierto es que la comunidad universitaria no podrá descansar ya que se ha pospuesto la reforma de los Estatutos, pero hay cambios de la LOSU que han entrado en vigor a la vez que lo hizo la ley el pasado 12 de abril y otros irán llegando en los próximos meses afectando, por ejemplo, a los concursos de plazas y otras cuestiones de gran importancia para la institución, de manera que el respiro será relativo.

Además, el Ministerio de Universidades no deja de sorprender con borradores de reales decretos con los que van a trastocar la estructura de las instituciones académicas. La preocupación del profesorado por la reorganización de los departamentos que pretende el Gobierno es máxima. Para los que no trabajan en una universidad puede parecer una cuestión muy interna y sin repercusión más allá de las cuatro paredes de la institución académica, sin embargo, hay que mirar más allá y pensar en la llamada autonomía universitaria, es decir, la capacidad de las instituciones académicas para organizarse de la manera que consideren más oportuna para competir a nivel nacional, pero también internacional. Con su ley y decretos, el Ministerio de Universidades se ha metido en la cocina de las universidades y quiere decidir desde el desayuno hasta la cena.

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