Lo primero que cabe reconocer en estos momentos de alta tensión política y social en España y en Cataluña es que la sentencia del Tribunal ... Supremo contra los cabecillas del ‘procés’ debe ser acatada, como todas las sentencias. Y lo segundo que hay que destacar es que estamos ante una sentencia que demuestra la fortaleza de la democracia y de la justicia en España. El alto tribunal ha dado una lección al mundo por las garantías y la limpieza del juicio y ese proceso confirma su legitimidad para condenar a los doce dirigentes del intento secesionista a penas elevadas por secesión, malversación y desobediencia.
Publicidad
Ha sido un juicio justo y ejemplar que ha desembocado en un fallo contundente, aunque esté siendo cuestionado tanto por los delincuentes condenados y por todo el aparato que les apoya, como por formaciones de derecha y ultraderecha que exigían la aplicación de penas más graves por el delito de rebelión.
Mientras la mayoría de los españoles de bien celebramos la aplicación rigurosa de la ley, una parte de los catalanes se han echado a la calle para exigir la libertad de los condenados, mostrando así su incapacidad para entender la sentencia, que, entre otros extremos, confirma que quienes proclamaron la inexistente república tras el ilegal referéndum engañaron a conciencia al pueblo catalán, ya que eran conscientes de que el ‘procés’ no iba a ninguna parte y solamente pretendían que les sirviera de moneda de cambio para forzar al Gobierno a negociar una consulta legal.
Los hechos probados que conocimos ayer confirman en su práctica totalidad el relato de la Fiscalía, que pedía en efecto la aplicación del delito de rebelión para Junqueras y los otros responsables de la sublevación. Sin embargo, el alto tribunal descarta la rebelión por considerar que la violencia que acompañó a la sedición no ocurrió de una forma generalizada ni fue instigada directamente por los procesados.
Publicidad
Los magistrados presididos por el juez Manuel Marchena han conseguido firmar la sentencia por unanimidad, lo que sin duda refuerza la solidez del fallo ante los recursos que los abogados de los delincuentes catalanes plantearán primero ante el Constitucional y después ante Estrasburgo. La búsqueda de esa unanimidad ha tenido también un efecto negativo, por cuanto ha llevado a igualar la opinión de los jueces por la parte ‘baja’ de las condenas, si bien dentro del delito de sedición se ha optado por las penas más elevadas.
Reconociendo que hubiera sido igualmente justa la calificación de rebelión, por el intento de desbaratar el orden constitucional, lo cierto es que los castigos para los condenados a entre nueve y doce años de cárcel resultan suficientemente contundentes como para desincentivar a futuros ‘aprendices de golpistas’ en Cataluña.
Publicidad
Las penas son altas, pero la decisión del Supremo de no incluir la petición de la Fiscalía de aplicar el Código Penal para impedir la concesión de beneficios penitenciarios a los sediciosos hasta no haber cumplido la mitad de la condena, pone en claro riesgo el carácter disuasorio de las penas, por cuanto la Generalidad, que tiene las competencias en prisiones, podría facilitar la salida de los reclusos de inmediato.
Esa posibilidad de conceder el tercer grado, para que solo vayan a dormir a la cárcel, además de los permisos ‘a discreción’, era una de las exigencias de los separatistas de ERC al PSOE y el alto tribunal ha decidido dejar esa puerta abierta, con el peligro evidente de que tengamos a Junqueras, Romeva, Forcadell y el resto de presos pasando las navidades tranquilamente en su casa. Las Juntas penitenciarias, el juez de vigilancia y la Fiscalía tienen voz en la concesión de estos beneficios, pero ya hemos podido comprobar su ineficacia en el caso de Oriol Pujol, el hijo del ex president Jordi Pujol, que salió de la cárcel a los dos meses de ingresar.
Publicidad
Con la salvedad del cumplimiento efectivo de las penas, la sentencia viene a confirmar la fortaleza del Estado de Derecho en España, donde ha quedado claro que quien la hace, la paga. Así lo han sabido valorar tanto el Gobierno como los tres grandes partidos constitucionalistas. Los líderes del PP y de Cs han tenido el acierto y la responsabilidad de adelantar su apoyo a cualquier medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que a su vez ha sabido promover una campaña de explicación del fallo a nivel internacional. Más dudoso resulta el compromiso de garantizar “el cumplimiento íntegro” de las condenas que lanzó ayer el presidente en funciones, entre otros motivos, porque no depende de él, o el ofrecimiento de diálogo, que se ha demostrado inútil.
Lo que sí depende de Sánchez es la voluntad y la capacidad para resistir la presión callejera a la que desde ayer le están sometiendo las huestes alentadas por el aparato separatista, con graves incidentes que no hacen sino recrudecer la crisis en la que Junqueras y compañía han sumergido a la sociedad catalana. De cómo aplique el presidente en funciones su ‘Manual de resistencia’ dependerá el que la sentencia haya servido para recuperar la sensatez en Cataluña o que entremos en una nueva espiral de conflictos.
Disfruta de acceso ilimitado y ventajas exclusivas
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.
