Si por casualidad llegáramos a considerar que no solo no hemos hecho lo suficiente, sino todo lo posible (y hasta lo imposible) por intentar salvar ... a tantísimos ancianos fallecidos en ese infierno en que se convirtieron las 716 residencias de mayores de Castilla y León durante los meses más oscuros de la pandemia, será que aunque nos creamos personas sensibles y solidarias, en realidad, somos unos auténticos desalmados. Un absoluto fracaso como seres humanos incapacitados para lujos como la bondad, la caridad o la compasión.
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Es curioso, sin embargo, que el Gobierno de Castilla y León, principal interesado en despejar la idea de que no solo no se estuvo a la altura sino de que se actuó con diligencia y responsabilidad, ha preferido cerrar la puerta cruelmente a cualquier aclaración.
Una negativa agravada por el hecho de que los motivos alegados son puramente tan codiciosos e interesados como señalar que seguir hurgando en esa herida supondría perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas gestoras de las residencias.
Sin tener en cuenta que la excusa apuntala la evidencia de que el comportamiento de las autoridades no ha sido tan ejemplar como pretenden hacernos y hacerse creer, no se puede caer más bajo.
Afortunadamente, estos días una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obligaba al Gobierno autonómico a que entregue toda la información disponible sobre esas personas mayores que fallecieron en las residencias al tiempo que corrige los absurdos motivos esgrimidos por el Gobierno de Castilla y León, argumentando algo que cualquier persona honesta y sensata ya sabía: por encima de los intereses económicos y comerciales de las empresas que gestionan las residencias prima la transparencia de la actividad de los entes públicos. Y en la misma dirección se pronunciaba, como es natural, a nivel nacional un oficio de la Fiscalía General del Estado el pasado viernes.
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Ojalá que por fin, aunque obligados por la justicia, el gobierno autonómico despeje las muchas dudas en torno a todo lo sucedido en las residencias. Es lo mínimo que nuestros gobernantes nos deben a todos en general y muy particularmente a los fallecidos y a sus familiares. Ya que han demostrado carecer de piedad o compasión, que al menos nos convenzan de que tienen un mínimo de decencia.
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