NO es fácil olvidar el asesinato de un niño, ni creo lícito eludir la cuestión. Decía mi padre, que pasó por importantes desconsuelos - entre ellos ... la muerte de dos angelitos -. que no había mayor dolor que ver morir a un hijo. El riojano, ha sido víctima de un criminal no reinsertado, porque las defensas para haberlo evitado, han fracasado. Y no por defectos de la Constitución o de la Ley General Penitenciaria (1), sino por quienes las han interpretado y aplicado de forma trágicamente errónea.
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El asesino estaba en Lardero, y buscando presa, porque no prosperó la denegación de excarcelación de la Junta de Tratamiento del Dueso, que es la que mejor conocía si el penado estaba en condiciones de volver a integrarse en la sociedad. Todas las instancias posteriores es obvio que se han equivocado, fuere por un ingenuo buenismo – que tantos problemas acarrea -, fuere para incrementar los porcentajes de excarcelaciones. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Sr. Ortiz, presume de haber aumentado significativamente los terceros grados, y parece que gratificando a los funcionarios “colaboradores”. Ortiz es compañero de curso de su ministro Marlaska, y fue asesor de la comunista, ex alcaldesa de Madrid y jueza, Manuela Carmena. Ojo, ella sostuvo antaño que en las cárceles sobraban más del 90% de los reclusos (¡).
Cuando Felipe González llamaba ya a las puertas de la Moncloa, el presidente Calvo Sotelo ordenó que se le fueran contando los secretos de Estado y hubiera almuerzos discretos con sus “ministrables”. De Justicia se trató con quien, efectivamente, acabó ostentando la cartera de Justicia, el toledano, alumno de la USAL (hoy antiguo alumno de honor), Fernando Ledesma. Confesó su propósito de empezar con una amplia amnistía y a pesar de que se le advirtió del peligro que para la sociedad podía acarrear, fue decretada. Varios miles de reclusos salieron a la calle gracias al socialismo buenista (más o menos, “nosotros reduciremos la delincuencia redimiendo oprimidos”). Se excarcelaron ¿9. 000? A los pocos meses las cifras de los delitos contra la propiedad, la sexualidad...se dispararon, la Memoria anual de la Fiscalía alertó, y el PSOE vio como retornaban a los centros penitenciarios ¿6.000? Lamentablemente, la libertad de muchos, exige la privación de libertad de unos pocos.
(1) La Ley Orgánica 1/1982, General Penitenciaria, tiene mucho de nuestra Universidad: su redactor e impulsor fue el profesor de Derecho Penal Carlos García Valdés (director general de Prisiones); su eficaz negociador con la oposición fue el riojano y ex alumno, José María Gil-Albert Velarde, que cuando fue nombrado fiscal general del Reino, me cedió los trastos. Y en la nueva edición comentada que se prepara, tiene mucha culpa el ex subdelegado del Gobierno Antonio Andrés.
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