A la gente de Podemos, con el vicepresidente Pablo Iglesias a la cabeza, se le da como hongos blanquear algunos delitos. Se han inventado una ... especie de justicia paralela en la que ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. Y se quedan tan anchos. Es un discurso perverso y obsceno que mira con buenos ojos determinados comportamientos ilícitos bajo el razonamiento de que están movidos por la “justicia social”. Y no hablamos del que roba una gallina o un chorizo para comer. Eso para ellos suena a rancio. Los delitos modernos que los ‘podemitas’ se dedican a ‘enjabonar’ son tan diversos como la sedición, la rebelión y, por supuesto, la okupación. Hace unos días tuvimos que soportar cómo Iglesias comparaba a Puigdemont con los exiliados del franquismo. Si ya le quedaban pocos adeptos entre aquella verdadera izquierda que se jugó el tipo para luchar por la democracia, ahora menos. Comparar a un excremento humano que vive en Bruselas a cuerpo de rey con todos aquellos represaliados que tuvieron que huir a Francia o Latinoamérica sin dejar de pensar ni un día en su querida España, es producto de una vileza severa. De alguien que definitivamente es una mala persona.
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Algo similar sucede con uno de los problemas más graves que tiene España desde hace tiempo: la okupación. Por mucho que el Gobierno socialcomunista le reste importancia, en este país se está creando un monstruo que acabará siendo incontrolable. En estos momentos hay dos formidables caldos de cultivo para ello: por un lado, una legislación laxa que el Ejecutivo central se ha preocupado de dulcificar; y, por otro, una crisis salvaje donde los jetas de siempre aprovecharán que el Pisuerga pasa por Valladolid. Porque una cosa está clara. Una persona con valores y principios jamás se meterá en una propiedad ajena por mucho que viva una situación complicada. Pero quien carece de ellos, lo hará a la menor oportunidad que tenga.
A día de hoy, y con el estado de alarma en vigor, la propiedad privada ha pasada a mejor vida. Un okupa solo puede ser desalojado si en este acto ha incurrido violencia e intimidación. De lo contrario, se podrá quedar sine díe para mayor impotencia del dueño legítimo del inmueble. El real decreto aprobado en diciembre de 2020 y modificado este mes de enero es tan pérfido que prácticamente legitima a cualquier persona en situación de vulnerabilidad a que realice una okupación siempre que no se presente en casa ajena con una pistola. Con la que tenemos encima con la pandemia, apenas se ha hablado de esto, pero tiene una gravedad extraordinaria. Si sacar a unos intrusos de tu propia casa ya era una carrera de fondo, ahora lo será mucho más. Solamente se puede confiar en que los jueces que lleven este tipo de procedimientos pongan cordura a este sinsentido, aunque lo veo complicado.
Mientras ayuntamientos como el de Salamanca se dedican a impulsar viviendas sociales y poner en marcha políticas de protección para los más vulnerables gracias a la sensibilidad de la edil Ana Suárez y del propio alcalde, el mismísimo Gobierno de la nación te invita directamente a asaltar las casas ajenas. Es escandaloso. Una vez más miramos con envidia a nuestros vecinos ya que, por ejemplo en Francia, Macron acaba de aprobar un procedimiento que acelera todavía más el trámite para echar a los okupas. En solo 48 horas se podrá limpiar la vivienda de estos delincuentes.
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Aunque el real decreto del Gobierno se circunscribe al periodo del estado de alarma, el panorama no cambiará demasiado a partir de mayo. Pablo Iglesias y Alberto Garzón están empeñados en elevar al okupa a la categoría de héroe. Una especie de Robin Hood que se rebela ante la ‘maléfica’ propiedad privada. Ante esta desprotección absoluta es lógico que las empresas de desalojo hayan crecido como la espuma. No dice nada de un país democrático que muy pocos crean ya en la justicia y en sus gobernantes para que les ayuden a defender lo que es suyo. Que luego no se sorprendan si algunas de estas compañías usan métodos poco ortodoxos para sacar la basura okupa al contenedor. Se lo han ganado a pulso.
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