Da igual que sea la crisis del coronavirus, la de la banca, la del ladrillo o la financiera. Los que ganan siempre son los mismos ... y los que pierden, también. Por esto toca mucho la moral que esta última semana esos vencedores vitalicios se dediquen a enfangar aún más el terreno de juego. Si nos van a pisotear y vapulear, que al menos lo hagan con elegancia. Sin embargo, el Gobierno más nocivo de la historia de la democracia y la oposición más mediocre de ese mismo periodo parecen cuatro macarras malparidos de un patio de vecinos. Se ha hablado de golpes de Estado, de terroristas del FRAP, de la purga de un ministro repugnante y de la ‘limosna’ básica. Sin embargo, los derrotados de todo esto siguen tocando fondo. Entre ellos, los trabajadores incluidos en un ERTE que no han cobrado. Con un total descaro, la embustera ministra de Trabajo, la ‘podemita’ Yolanda Díaz, aseguró hace unos días que solo el 2% de esas personas no ha percibido la prestación. Acto seguido, los datos tumbaron la falacia de esta señora que debería haber presentado su dimisión de manera inmediata. Más de 250.000 personas (el 7% del total) no han recibido lo que les corresponde. Trabajadores que, sin comerlo ni beberlo, se han encontrado con dificultades para pagar la hipoteca, la luz o el agua. Un escándalo sin precedentes.

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Yolanda Díaz es una granuja. Una canalla tunante que, además de calumniar a la clase trabajadora, ha contraatacado ‘matando’ al mensajero. Asegura que la prensa se ha inventado esas cifras que deberían sonrojar a cualquier miembro del Gobierno. No hay derecho a semejante afrenta. Resulta que el problema es la falta de personal en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). ¿Dónde están los funcionarios de otras áreas que llevan meses haciendo nada y cobrando su sueldo íntegro? En cualquier empresa privada, cuando un departamento tiene mucho trabajo y otro anda más holgado, se ponen en práctica dos magníficos conceptos: reorganización y eficiencia. Lo que, por ejemplo, se ha aplicado de manera magistral en el Hospital de Salamanca para hacer frente a la pandemia. Resulta que eso es posible en la sanidad pública, pero no en el SEPE. No sea que los parasitarios CCOO y UGT (de los que no se ha sabido nada en esta crisis) pongan el grito en el cielo porque a un funcionario lo reubiquen de manera momentánea.

Mientras no se pagan los ERTE, se pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de que Pablo Iglesias reclute a una buena legión de dependientes del Estado para amarrar un voto que a buen seguro será cautivo. Por desgracia este tipo de prácticas no son exclusivas del Gobierno social-comunista. En la Junta de Castilla y León lo hemos sufrido con las ayudas a la vivienda joven que se deben desde hace una década, mientras sin embargo se pagan año a año, y a diestro y siniestro, las subvenciones al alquiler. Una infamia propiciada por el perdedor nato Antonio Silván y que no ha tenido los arrestos de enmendar para despeinarse un poco Suárez-Quiñones. Vergonzante.

En este juego, los españoles parecemos los ludópatas obligados a jugarnos los cuartos en una máquina tragaperras que siempre gana. Otro ejemplo denigrante es la Inspección Técnica de Vehículos. El Gobierno, ‘generoso’ a más no poder, ha dado una prórroga a los coches que tenían la fecha de caducidad durante el estado de alarma. Sin embargo, da igual que vayan a su estación de la ITV en julio, agosto o septiembre. Es decir, si a un turismo de más de diez años le venció el 30 de marzo, pero la pasa el 1 de agosto, en 2021 le caducará el 30 de marzo igualmente. Absurdo si tenemos en cuenta que son revisiones anuales. Un insulto a la inteligencia con el único objetivo de exprimir al contribuyente. Es como si el que tiene cerrado el bar o el restaurante, pretendiera ahora cobrarnos por los cafés o los platos combinados que no sirvió durante los días que estuvo cerrado. Pues la ITV, con el visto bueno del Gobierno, lo está haciendo. Y eso, en España o Sebastopol, se llama robar. Y los que roban son viles y repugnantes ladrones.

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