Hay un método infalible en Castilla y León para formar parte de la selecta familia (son poco más de mil) que llegan a las seis ... cifras en su nómina anual. En realidad tiraremos de plural, métodos, para describir este afortunado peregrinaje. Una de las fórmulas consiste en, siendo infante, afiliarse a un partido político en el que aprender cómo gestionar los silencios y las fotografías... dejar algún que otro enemigo por el camino y opositar a entrar entre los ‘seis fantásticos’ que forman parte de la Mesa de las Cortes. Hay también un atajo que está en overbooking, se trata de ir saltando de formación política hasta que la esquizofrenia electoral española provoque que estés jurando, o prometiendo, tu cargo en el hemiciclo regional. Si la legislatura es generosa, en cuatro años da para pagar la hipoteca, el SUV y mandar a los niños a estudiar fuera. Hasta ahora, alcanzar uno de esos seis puestos garantizaba unos ingresos anuales de 94.000 euros. Pero la cifra ha engordado, 4.000 mil más porque hay que equiparar con la subida salarial que también se ha aprobado para los altos cargos de la administración.
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Esa subida se aprobó el 3 de febrero, a diez días de las elecciones, en mitad de una ferviente campaña y con una reunión de la Comisión Permanente de las Cortes de la que nadie dio cuenta. “Asuntos de trámite, sin novedades” dijeron todos a una, como dijo Lope. En esto sí reina la unanimidad parlamentaria, cuando hay pastel todos van con el plato y tenedor y el babero.
Trilerismo político de bajísimo nivel que demuestra como los de traje y corbata o bolso de Louis Vuitton tienen una percepción sesgada y privilegiada de la realidad, la que va desde su escaño a su casa, vía coche oficial. El hecho de que ningún partido se haya incluso planteado la posibilidad de rechazar esa subida salarial da cuenta del tamaño de la burbuja paralela en la que se desenvuelven, independiente del color del agua con jabón.
Eso tiene traslación a su capacidad de asumir la crítica, porque todo lo que sea modificar sus privilegios se equipara a una ‘injusta merma de derechos democráticos conseguidos gracias a mucho esfuerzo’ y se tacha como una suerte de populismo barato que gasta de ‘perpetuar y acentuar la división de clases en la política’. Como si un pobre representante del pueblo no pudiera llegar a final de mes con sus 94.000 euros al año, de ahí la lógica subida de otros cuatros mil. No vaya a ser. Y luego se gastan millonadas en saber el porqué de la desafección de los ciudadanos con la clase política.
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Compro y comparto el argumento de que la dedicación a la cosa pública esté compensada con unos ingresos suficientes que permitan a todo ciudadano ocupar uno de esos escaños, pero eso no puede justificar una subida salarial deshonrosa e incompatible con el momento social que atravesamos. Y si eso es ser populista, doy el paso.
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