El debate sobre el estado de la Nación que tuvo lugar esta semana pasada no ha aclarado, a mi juicio, demasiadas cosas de las que ... preocupan a los españoles. Para empezar, sobre la más acuciante de todas: el coste de la vida.
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El debate coincidió con los datos definitivos de junio de 2022 sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC), que se colocó en un 10,2% respecto al mismo mes de 2021. Este índice no crecía tanto desde 1985.
El conjunto de productos energéticos creció un 40,8%. Sin embargo, la inflación subyacente, que descuenta los alimentos no elaborados y los productos energéticos se sitúa en el 5,5%.
Pues bien, Pedro Sánchez en su discurso solo citó dos causas para ese incremento: la pandemia y la invasión de Ucrania. Pero la inflación era ya un riesgo previo a la pandemia. Y se basa una vez más en una ley económica que no ha dejado de cumplirse muchas veces y es la siguiente: a una época larga de dinero fácil le sigue un final inflacionario. En efecto, el Banco Central Europeo ha comprado tres billones de deuda pública en los últimos años confiando en aflojar la carga de los déficits públicos sin provocar inflación, pero esto no ha sido así. La inflación se ha presentado de forma virulenta.
Dejaré este asunto para comentar otras coincidencias en el discurso de Sánchez. En primer lugar, la Ley de Memoria Democrática.
“Nuestro país, después de Camboya —aseguró Sánchez—, es el país con mayor número de desaparecidos forzosos: 114.000 mil personas, con sus familias”. Lo cual es absolutamente falso. El responsable del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzados en España, Ariel Dulitzky, ha dicho: “Es imposible saber con exactitud cuántas personas desaparecieron en España y, por lo tanto, no se pueden hacer comparaciones con otros países”.
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Esa ley de Memoria Democrática es absolutamente mentirosa y para acabar de amolar la cosa, Sánchez ha buscado para sacarla adelante el apoyo de los proetarras. Bildu lo ha dejado claro: “Vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar” (Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de Bildu y antes periodista al servicio de ETA). Y yo me pregunto: ¿ETA, mientras asesinaba, secuestraba y perseguía a miles de españoles desde 1975 hasta su disolución era también antifranquista? Por cierto, la ley no cita ni una sola vez como algo digno de ser recordado los cientos de asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por los asesinos etarras. Al parecer, tales hazañas no merecen que nadie las recuerde.
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