La reunión del Consejo del Diálogo Social que se había convocado para ayer en Valladolid prometía. La invitación, por parte de Alfonso Fernández Mañueco, a que asistiera su vicepresidente Juan García-Gallardo la convertía en una auténtica bomba de relojería. Y lógicamente “todo estalló por ... los aires”, como explicaron con la cara desencajada a la salida de este encuentro los representantes sindicales en ese órgano. Cómo habrán sido las tres horas de conversaciones que el presidente de la patronal en Castilla y León ha dicho que el de ayer fue “un día para borrar del calendario”. El encomiable trabajo de veinte años de una institución, considerada como una seña de identidad de nuestra región, que ha alcanzado un centenar de acuerdos con una inversión de unos mil millones de euros, se venía abajo de un plumazo por obra y gracia de las pasadas de frenada de Vox y la sumisa postura del PP.
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Hace algo menos de un mes, en plena campaña de las elecciones andaluzas, el vicepresidente sin cartera, pero de enorme poder, gracias a su presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, con la coordina y supervisa la acción de sus consejerías suyas y de los populares, anunció que iba a reducir en más de veinte millones de euros las subvenciones a sindicatos, patronal y demás agentes sociales. Con un par. Eso sí que era un recorte y no los que se ven en las capeas de los pueblos. Recordarán la que se armó. Diez días después, García-Gallardo tuvo que recular y echó la culpa a la prensa de que no se le entendiera bien cuando proclamó esa medida. Si algún ciudadano desea comprobar lo que entendieron todos los medios de comunicación de la comunidad aquel día, tan solo debe entrar en el portal de comunicación de la Junta de Castilla y León y leer la nota de prensa, con el titular de los 20 millones de euros de recorte, porque sigue allí colgada. Mola decir que vas recortar en al menos un 50 por ciento el gasto público institucional que no acredite un beneficio para los ciudadanos. Otra cosa es cómo valorar si ese gasto es productivo para los vecinos y luego tener las narices necesarias para ejecutar el recorte.
Con este precedente, el Consejo del Diálogo Social no iba a llegar a buen puerto, como así ha sido. Los representantes de los sindicatos y de la patronal se encontraron con el “muro infranqueable” del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, quien ha esgrimido la Ley de Convenios Públicos para cuestionar la vigencia de la mitad de los 18 acuerdos firmados por el consejo con anterioridad a las últimas elecciones autonómicas. Así que tendrán que volver a reunirse las mesas de diálogo de consejerías como Presidencia; Economía y Hacienda; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Familia e Igualdad de Oportunidades; Educación -todas ellas del PP- y también la de Industria, Comercio y Empleo, en manos de Vox. El secretario de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ya ha dicho que espera que los acuerdos con las consejerías gobernadas por los populares serán sencillos porque ya se habían firmado con anterioridad, pero ¿qué pasará con la de Vox?
Viendo cómo respiran Veganzones y su jefe no sería extraño que este desencuentro acabara en los tribunales. Tanto el responsable de UGT, como el CCOO y el de la CEOE han asegurado que mantienen su voluntad negociadora y han garantizado que acudirán a todas las reuniones a las que se les convoque, pero lógicamente defenderán que todos los acuerdos firmados y vigentes que no se cumplan sean resueltos en sede judicial. Todos ellos echaron de menos a un presidente del gobierno regional más tajante, con más mando en plaza y, sobre todo, defensor de lo que él mismo había firmado meses antes. Sin embargo, se encontraron a una persona atrapada en un pacto de gobierno en el que cada vez se siente más incómodo porque con él ve mermada precisamente una de sus virtudes: su talante de diálogo. Los de Vox, querido Alfonso, hablan de otra manera. A ver cómo sales de ésta.
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