No se asuste, en esto no ha cambiado casi nada. La nueva amoralidad es lo más parecido a la vieja inmoralidad. La escalada verbal que acompaña a la desescalada oficial está llenando el diario de sesiones del Congreso de tachones. Se borran palabras un día ... sí y otro también, como si la sucesión de mezquindades no quedara impresa en los titulares de los periódicos. Le confieso que cada vez me resulta más difícil entenderles. Se esfuerzan a base de gritos e insultos en marcar sus diferencias cuando la calle les pide justo lo contrario, un poco de unidad y mucha sensatez en un momento crucial de nuestra historia.
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Pero más allá de las palabras, hoy le vengo a hablar de los hechos. Me preocupa lo que se dice pero me alarma, todavía más, lo que se hace. Como era de prever la investigación del 8 –M ha quedado guardada en un archivador del juzgado número 51 de Madrid. La jueza no ha descubierto indicios de delito, aunque sí ha revelado ante los ojos de todos los españoles la falta de escrúpulos de este gobierno con la separación de poderes. No es la primera vez, ni será la última, que un ejecutivo intenta controlar al poder judicial. Pero sí es inédito que se haga con tan poco rubor y sobre todo a costa del prestigio de instituciones fundamentales como la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la Guardia Civil.
Recuérdelo, el impúdico manejo comenzó con el desafío independentista. ¿De quién depende la Fiscalía?, se preguntó entonces Pedro Sánchez. Y después puso a una ministra y diputada por primera vez al frente de la institución. Aquella maniobra torticera con la Justicia para agradar a ERC acabó en una crisis en la Abogacía del Estado, que se resolvió también a base de purgas y dimisiones.
Meses después, la historia se ha repetido. El presidente marcó el camino con un “viva el 8-M” en el Congreso y días más tarde la Fiscalía y la Abogacía del Estado se pronunciaban en tromba para cerrar la investigación abierta. Y todo después del espectáculo lamentable de un ministro, antes juez, que intentó lavar su imagen a costa de manchar la de la Guardia Civil.
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Nos estamos empezando a acostumbrar a cosas que no deberíamos. Ni siquiera la mascarilla disipa el hedor que produce el uso partidista de las instituciones del Estado. Está en peligro la propia salud de la democracia. Y eso que este gobierno hizo una moción de censura con la promesa de regenerarla. Está claro que el virus ataca a algunos sentidos, pero nunca imaginé que se llevaría por delante también el sentido de Estado. Urge recuperarlo. Nos va a hacer falta para hacer frente a los repuntes epidémicos de otoño, los rebrotes independentistas que también llegarán y la crisis económica que nos espera. Estemos en alerta ahora que se nos acaba el “estado de alarma”. No nos vayamos a acostumbrar también a esta nueva amoralidad.
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