Lo dijo Montesquieu, el padre de la división de poderes, hace tres siglos: “Dale al hombre la oportunidad de ser injusto y no la desaprovechará”. La frase de quien asentó las bases de la democracia separando el legislativo, el ejecutivo y el judicial sirve para ... retratar la sarta de infamias que estos días, algunos personajes del legislativo, han vertido sobre quienes ocupan por méritos propios un puesto en el judicial.
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Cuesta imaginar otro parlamento del llamado “mundo civilizado” donde se haya normalizado el insulto a los jueces y a los fiscales. Todo vale para hacer la nueva política. Aquí, en nuestro cada vez más abigarrado Congreso, se dice sin rubor que hay “presos políticos”, “togados reaccionarios” o reclusos “encarcelados injustamente”. Y lo dicen quienes seguramente, no serían capaces de rellenar sin errores, la hoja de inscripción de una de las oposiciones más duras del Estado. Que lo diga Otegi o Junqueras no es extraño. Al fin y al cabo nadie espera que un delincuente defienda el honor de quien representa a la institución que le condenó. Pero que Adriana Lastra, por ejemplo, ponga en cuestión a la Junta Electoral para no desagradar a sus socios, no deja de ser un insulto a la inteligencia, inaudito en esta democracia cada vez más insólita.
Hace unos años, cuando el nauseabundo saqueo de Marbella estalló en todas las portadas de la prensa, me recibió en su despacho de la Audiencia de Málaga el fiscal anticorrupción de la Costa del Sol. Por aquel entonces, Juan Carlos López Caballero luchaba a diario contra la corrupción o la mafia rusa, que no dudaba en tirar de sicarios para quitar de en medio a los incómodos. Y lo hacía, desde un pequeño despacho compartido con otro compañero, de apenas diez metros cuadrados, en el que apenas había un hueco entre los montones de sumarios. Gente como él representa el valor de la Justicia. Trabajadores con pocos medios y sin ningún miedo que administran la ley más allá de presiones, insinuaciones, coacciones o peligros. También viví en Salamanca otros procesos más domésticos, pero muy comprometidos. Siempre admiré el respeto que imponía en la sala de la Audiencia Provincial su presidente Fernando Nieto y el trabajo del fiscal Federico Bello. Les vi juzgar sin titubear a mercheros, estafadores y violadores supliendo las carencias logísticas con el profundo conocimiento de la ley, las horas de trabajo y la experiencia.
Le cuento todo esto porque estos días me he acordado de ellos y de los cientos de funcionarios públicos que cada día administran con rigor la ley en España. No solo del Supremo o de la Audiencia Nacional vive la institución. Imagino que estarán dolidos ante las infamias de ese grupo de políticos que huye hacia adelante atropellando al resto. Ya los retrató Montesquieu hace tres siglos. Lo malo es que ahora tienen un atril, un micrófono, unas siglas y muy poca vergüenza. Y eso multiplica sus oportunidades de ser injustos.
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