Todos teníamos ayer puesta la mirada en la Audiencia Provincial. El morbo -no lo neguemos- nos empujaba a ver el paseíllo de los acusados por el crimen de “El Chispi”. Uno a uno fueron saliendo de sus respectivos furgones “El Rafi”, a cara descubierta y ... luciendo un peinado a la moda actual; “La Rocío” tapándose el rostro; y “El Vinas”, que tampoco se ocultó. Dentro del Palacio de Justicia se fue conformando el jurado popular que se encargará de juzgarlos, un difícil trago para las nueve personas que finalmente decidirán el destino todos ellos.
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En esas estábamos cuando recibimos la noticia de que los jueces y los fiscales anunciaban su intención de ir a la huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Las tres asociaciones de jueces y las dos de fiscales que encabezan la convocatoria dicen que no ven en los ministerios de Justicia y de Hacienda verdadero propósito de negociar para mejorar sus salarios y reducir su carga de trabajo. El comunicado lo suscriben también Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales -los de izquierdas, para entendernos- pero prefieren esperar a una reunión prevista con Hacienda para el 3 de mayo antes de parar su actividad y ponerse detrás de una pancarta.
Lo que nos faltaba. Hace un par de días, este periódico alertaba del colapso judicial al que nos encaminamos sin remedio. Hasta ocho meses de retraso están sufriendo algunos juicios por las sucesivas huelgas. Entre enero y marzo, en Salamanca se cancelaron 330 juicios por el paro de los abogados. Ya llevamos una semana de huelga de los gestores, tramitadores y auxiliares judiciales, a los que se les puede ver cada día laborable frente las puertas del edificio de la plaza de Colón enarbolando folios de protesta. Ya solo faltaban jueces y fiscales, que quieren llegar al menos a una solución como la que alcanzaron los letrados de la Administración de Justicia -antes denominados secretarios judiciales- a los que se les han subido las retribuciones hasta 450 euros al mes tras protagonizar dos meses de paros.
Y mientras, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se paseaba vestida de flamenca por la Feria de Sevilla. “La Pili” tiene casa en la capital hispalense, está casada con un autóctono de orillas del Guadalquivir y le encanta Camarón y perderse en las casetas de la Feria, donde demuestra su habilidad bailando sevillanas que aprendió en una escuela de danza de Madrid. Ayer, sin ir más lejos, se acercó hasta las casetas de la Policía Nacional y la Guardia Civil a disfrutar del fino y los rebujitos.
Y, por lo que se vio, el anuncio de jueces y fiscales no le marchitó el floripondio que le adornaba el pelo. Al contrario. Sin despeinarse, aseguró que “no era el momento de adoptar este tipo de medidas de presión” porque el Ministerio está haciendo unos esfuerzos enormes por transformar la administración de Justicia. Pues menos mal. Tiene a todo el personal levantado en armas gracias a su denuedo.
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Al menos, “La Pili” reconoció que la Justicia española es “como una especie de agujero negro que todos los recursos que le echamos se los come porque tenemos una organización muy deficiente”. Quizás habría que recordarle que la responsable de esa estructura y forma de funcionar es ella y que por sus manos pasa mejorar la operatividad de los juzgados.
De momento, se podría ir leyendo la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del año pasado en lugar de pasearse de sevillana en laborable: falta un tercer juzgado de lo Penal y otro de Primera Instancia; el edificio de Gran Vía no cumple la normativa de accesibilidad, la sala de vistas de la Audiencia no es digna, se necesita más personal... ¿No es momento?
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