Europa –y España en mayor grado– está bajo el castigo de la inflación, las políticas restrictivas de los bancos centrales y la amenaza de una ... recesión inminente. Así no hay forma de evitar el malestar.
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Pues bien, ante esta situación varias comunidades autónomas españolas, empezando por el País Vasco, comenzaron a bajar los impuestos. Frente a “tamaño ataque contra los pobres y a favor de los ricos”, el Gobierno de Sánchez sacó a relucir sus más que gastados argumentos a favor de una imposición disparatada.
Para mostrar el error daré un dato: el rey de los impuestos directos es el IRPF; pues bien, casi el 90% de la recaudación a través de ese impuesto proviene de los bolsillos de los asalariados. ¿Y qué porcentaje representan los salarios en el PIB? Apenas el 45%. Por lo tanto, de redistributivo ese impuesto no tiene nada.
España, en efecto, necesita una reforma fiscal (y Europa también). Para empezar, convendría que los instalados en la economía sumergida, de la cual este Gobierno jamás habla, empeñado como está en señalar como culpable de todo a la “la oligarquía vampírica que se alimenta de la sangre del pueblo, a cuyo servicio trabaja la derecha en general y en particular el farsante Feijóo, lobo con piel de cordero”. Son estas palabras del analista Ignacio Varela.
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Y en estas estábamos cuando el presidente valenciano Ximo (Joaquín) Puig se sumó a la ofensiva fiscal capitaneada por el PP en las comunidades que gobierna, anunciando una rebaja generalizada de impuestos. La medida es una rectificación a sí mismo (días antes Puig había planteado la posibilidad de que el Estado penalizara la financiación autonómica en las regiones populares que redujeran impuestos), pero sobre todo es una enmienda a la totalidad de la estrategia fiscal del Gobierno.
Este anuncio de Puig viene a sumarse en menos de una semana al rechazo de Emiliano García Page a descalificar a Núñez Feijóo por “insolvente” y a los peros de Carmen Calvo a la ley trans.
El jueves pasado, a fin de parar la ofensiva, la ministra de Hacienda anunció unas cuantas “reformas” contra “los ricos” y entre ellas está poner un impuesto sobre el patrimonio casi exclusivamente dirigido contra las comunidades autónomas que lo han eliminado. Les toca ahora a los abogados y a los jueces cargarse semejante arbitrariedad.
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Estos vaivenes –uno tras otro- no hacen sino abrirle la puerta de La Moncloa a un pausado y creíble Núñez Feijóo, y si va a ser así, que sea cuanto antes y acabemos con tanto populismo incoherente.
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