María tuvo un mal año en 2022 y el actual tampoco parece que pinte mucho mejor. Tiene 19 años, bueno en unos meses cumplirá 20, ... y ahora mismo ve el futuro muy negro. El pasado año a los problemas familiares se sumaron los académicos y el resultado no pudo ser peor. En el mes de febrero, después de una primera evaluación en la que las largas noches de fiesta en su primer año en la Universidad, las calificaciones de los exámenes dejaron mucho que desear. Fue un gran disgusto, pero María se propuso cambiar de actitud, salir menos y estudiar más. En ello estaba cuando la peor de las noticias azotó a su familia: a su padre le diagnosticaron una grave enfermedad. Entonces a esta joven el mundo se le vino encima. Sin ganas de nada, asolada por la tristeza, aparcó los estudios, la fiesta... Su vida. El desenlace se lo pueden imaginar: una familia rota de dolor y un fracaso académico en el primer año de carrera que la deja sin beca para el siguiente curso, y lo que es peor, le obliga a devolver el dinero recibido para poder estudiar en una ciudad diferente a la suya. Su familia no puede pagar la matrícula y el desplazamiento para que este curso María estudie en Salamanca, bastante tienen con tener que devolver los 2.000 euros del pasado año. Así que María ha dejado, de momento, la carrera.
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Por supuesto, la historia de María es ficticia, es solo un ejemplo, un caso extremo, pero una manera de mostrar la injusticia que supone la doble penalización del actual sistema de becas del Ministerio de Educación. El Consejo de Ministros ha aprobado el próximo decreto de becas en el que aumenta la cuantía que recibirán los estudiantes universitarios cuando se formen fuera de su localidad de residencia, 2.500 euros que suponen 900 euros más que el pasado año, una buena noticia, pero el Gobierno sigue sin solucionar dos graves problemas del modelo de ayudas al estudio: el reintegro de las becas y el retraso en su pago.
Si un estudiante no aprueba un porcentaje mínimo de créditos, debe ser penalizado y quedarse sin beca de cara al próximo curso, pero reclamarle el dinero que ya ha utilizado no es de justicia. Si un universitario recibe una beca se supone que es porque la familia no cuenta con recursos suficientes como para sufragar los estudios de su hijo, ¿cómo va a poder entonces reintegrar el dinero recibido y, además, pagar la matrícula, residencia y todos los gastos el siguiente curso?
Y una cuestión aún más grave, y que afecta a todos los estudiantes beneficiarios de becas del Ministerio de Educación es el retraso en el pago de las becas. El pasado año el Ministerio adelantó cuatro meses la solicitud de las ayudas para agilizar su pago, de manera que al iniciar el curso los estudiantes supieran si iban a tener beca y la cobrarán en las primeras semanas. Pues no fue así, los universitarios han vuelto a cobrar en las mismas fechas que el año anterior, en el mes de diciembre los que han tenido más suerte, de manera que el anticipo de solicitudes no sirvió para nada, salvo para dar más trabajo a las instituciones académicas cuyos servicios de becas tuvieron que hacer el trabajo dos veces. Además, la existencia de una cuantía variable que, “a priori”, podría resultar positiva, en realidad aumenta los problemas, puesto que los estudiantes no saben prácticamente hasta marzo qué dinero van a recibir en total.
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Pilar Alegría y su equipo tienen que buscar ya una solución a estos problemas. Al menos, los estudiantes deberían iniciar el curso sabiendo ya si van a ser beneficiarios de una beca y qué tipos de ayudas van a recibir. Y, aunque sea mucho pedir, lo ideal es que los alumnos cobren sus becas a las pocas semanas de empezar las clases, no meses después.
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