Baleares congela el sueldo de los funcionarios para sufragar los gastos de la pandemia

La consellera de Modernización y Administraciones Públicas, Isabel Castro, ha defendido este viernes la congelación salarial a los trabajadores autonómicos apelando a las subidas de las que se han beneficiado en los últimos años, de un 12 por ciento de media.

Así se ha expresado después de anunciar que el Consell de Govern ha aprobado el acuerdo por el que se rebajarán complementos autonómicos que, en la práctica, suponen neutralizar la subida del 2 por ciento obligada por normativa estatal.

“Ningún funcionario público verá reducida su nómina en un solo euro respecto a lo que cobraba en 2019”, ha asegurado la consellera, que ha sostenido que se han tenido en cuenta aportaciones de los sindicatos; en particular, la de vincular el aumento a la recuperación del Producto Interior Bruto (PIB) balear hasta niveles previos a la pandemia.

Con esta actuación, que afectará a unos 34.000 trabajadores, el Govern calcula que ahorrará cerca de 40 millones de euros. Afectará también a personal del Parlament o la Universitat de les Illes Balears (UIB) cuyas retribuciones dependen de la Comunidad Autónoma.

“No es deseable, pero creemos que es absolutamente necesario para el sostenimiento de las cuentas públicas y el incremento de la plantilla”, ha declarado, subrayando que desde 2015 han crecido en 4.000 empleados públicos. A raíz de la pandemia se ha reforzado la sanidad con casi 900 profesionales y el próximo curso escolar contará con 458 profesores más.

“El objetivo es mantener los salarios y derechos laborales de los empleados públicos de esta Comunidad y, a la vez, poder continuar contratando profesionales para incrementar plantillas en servicios esenciales”, han incidido desde la Conselleria.

Castro también ha justificado esta decisión en que en “épocas de crecimiento” aumentaron los salarios y “en la legislatura pasada Baleares lideró los índices de incremento salarial”, pero ahora el PIB balear sufre importantes caídas por la crisis del COVID-19. Como ejemplo, ha mencionado que los empleados de categoría C2 pasaron de cobrar 1.427 euros mensuales a 1.697.

La titular de Administraciones Públicas ha considerado que se trata de una medida “muy similar” a la adoptada en el sector privado, cuando Govern, patronal y sindicatos acuerdan una congelación salarial de un año en hostelería, comercio y transportes. Sin embargo, en esta ocasión los sindicatos, que fueron informados este jueves en la Mesa del Empleado Público, se han posicionado en contra.

Por otro lado, la consellera ha asegurado que los cargos políticos tampoco verán aumentadas sus retribuciones, pero ha declarado, a preguntas de los medios, que una reducción del número de altos cargos es “un tema que en este momento no está sobre la mesa”.

Finalmente, Castro ha defendido que la salida de la crisis del Govern progresista será “totalmente distinta” de la de la derecha, y que “este Govern está precisamente tomando estas decisiones para evitar esas políticas neoliberales”.

La Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT ha asegurado que Baleares “es la única comunidad que recorta los salarios” a los funcionarios.

En una nota de prensa, el sindicato se ha referido este viernes al anuncio del Govern de la congelación salarial de los empleados públicos al no aplicar la subida del 2 por ciento acordada por el Gobierno.

Según UGT, “el Govern ha confundido negociar de buena fe con informar”. En este sentido, han insistido en que la reunión mantenida este jueves “únicamente sirvió para dar información y trámite a una decisión inamovible” del Govern.

Por este motivo, UGT ha afirmado que esta forma de proceder, que sobre todo esta siendo “grave” en el ámbito educativo, “puede enturbiar toda la negociación colectiva” en los diferentes ámbitos del Govern, “una situación del todo indeseable en una coyuntura como la actual en la que el diálogo y la negociación deben ser instrumentos básicos”.

Desde UGT han insistido en que la organización es “plenamente consciente” del contexto socioeconómico de Baleares. “Somos un sindicato de clase que está presente en todos los sectores, que conoce de primera mano el impacto que sobre el empleo está provocando la crisis de la COVID-19”, han reconocido.

Sin embargo, ha remarcado que la solidaridad se debe implementar a través de los impuestos “y no a través de los salarios”, ya que, si se hacen a través de éstos, solo pagarán los trabajadores. “Lo harán los mismos de siempre”, ha expresado UGT.

Por otra parte, el sindicato de funcionarios CSIF en Baleares ha mostrado “su más profunda indignación” al anuncio por parte de la presidenta del Govern, Francina Armengol. “Nuevamente, los recortes vuelven a recaer sobre el colectivo de empleados públicos”, ha dicho.

Para CSIF, dicha medida es “un castigo” a unos trabajadores que han estado prestando servicios públicos esenciales, como la sanidad, justicia, seguridad, la limpieza, el transporte y servicios sociales entre otros, durante esta crisis sanitaria.

En este sentido, el sindicato ha remarcado que los servicios públicos se han mantenido “gracias al esfuerzo, dedicación y profesionalidad” de estos trabajadores, “todo ello a pesar de luchar contra los elementos y en algunos casos, con plantillas más que diezmadas”.

Por este motivo, esta organización sindical ha asegurado no acabar de entender por qué el Govern aplicará esta medida, al tiempo que ha manifestado “su más absoluta oposición al recorte retributivo planteado”.

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