Mañueco: ‘El Gobierno no puede echarse a un lado, la salida no es ofrecer el estado de alarma’

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de “echarse de nuevo a un lado” en la gestión de la pandemia de coronavirus al ofrecer a las comunidades autónomas el estado de alarma en vez de una herramienta legal para evitar ese extremo, tal y como viene solicitando desde hace meses la Administración autonómica.

“La solución no es ofrecer a las CCAA el estado de alarma para su territorio, figura que ya existe desde hace casi 40 años. Llevamos meses pidiendo una herramienta sin tener que recurrir al estado de alarma. El Gobierno de Sánchez no puede echarse de nuevo a un lado”, lanzó a través de la red social Twitter.

“Desde la Junta ya hemos demostrado que asumimos nuestra responsabilidad, no esquivamos nuestras obligaciones. No renunciaremos a ninguna herramienta para proteger la salud y la vida de nuestros vecinos”, añadió Fernández Mañueco.

En este sentido, han sido múltiples las ocasiones en las que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha demandado al Gobierno un mecanismo legal para gestionar la situación epidemiológica en Castilla y León.

“El Ejecutivo no nos ha aportado esa herramienta para hacerlo nosotros mismos, pero tenemos claro que si hay que solicitar un estado de alarma regional, lo haremos”, señaló durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno celebrado la semana pasada. Ya entonces Igea se refirió a que el método para declarar el estado de alarma en la Región prevé que se la Junta lo solicite al Consejo de Ministros, órgano responsable de su aprobación y de dar el visto bueno para renovarlo cada 14 días.

La declaración de estado de alarma en Castilla y León no implicaría medidas tan duras como las del confinamiento vivido durante la primavera. Sería un mecanismo “al que se podría recurrir para aplicar restricciones de movilidad y confinamientos selectivos en zonas concretas con acumulación de contactos”, tal y como aclaró después Mañueco. En este momento las órdenes de confinamiento ejecutadas por la Administración regional han requerido la autorización de un juez.

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