El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ARCHIVO

82 millones para empresas y autónomos de Castilla y León en el ‘plan de choque’ de la Junta

El acuerdo al que ha llegado el Gobierno regional con los agentes sociales ha ampliado en casi diez millones la cantidad prevista en el preacuerdo

Miércoles, 11 de noviembre 2020, 14:15

El denominado Plan de Choque por el Empleo de Castilla y León, que este miércoles firman el Gobierno autonómico y los agentes sociales con representación en el Consejo del Diálogo Social ascenderá finalmente a ayudas por importe de algo más de 82 millones de euros, en lugar de los 73 millones que figuraban en el preacuerdo, han confirmado a Efe fuentes sindicales.

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Será el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien comparezca para hablar de los detalles de este acuerdo motivado por la crisis del coronavirus y que pretende dar una respuesta rápida a empresas y trabajadores afectados por el parón económico.

En concreto, las fuentes sindicales consultadas han explicado que finalmente el acuerdo incluye una serie de ayudas reembolsables a empresas, por importe de unos 8 millones de euros, que tendrán que devolver a las arcas de la Administración.

En esta ocasión los firmantes no comparecerán ante la prensa de forma conjunta, como suele ser habitual en este tipo de acuerdos, sino que Mañueco lo hará en primer lugar de forma telemática desde la sede de la Presidencia de la Junta y posteriormente lo harán los dirigentes de los sindicatos UGT, Faustino Temprano, y CCOO, Vicente Andrés.

Quien faltará a la firma será el presidente de la patronal CECALE, Santiago Aparicio, que permanece en cuarentena tras haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo de covid-19, según las mismas fuentes.

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Diálogo social imprescindible e irrenunciable

Fernández Mañueco ha calificado de “imprescindible e irrenunciable” el Diálogo Social, que en este contexto complejo aporta “certeza y certidumbre”, “fortalece la estabilidad” y “garantiza la paz social”.

Las medidas recogidas en el plan de choque se dirigen preferentemente a los sectores productivos que están soportando un mayor impacto de la crisis. Es el caso de la hostelería y el turismo. Autónomos y empresas dedicados a estas actividades contarán con líneas de ayuda específicas o preferentes, que suman 21,4 millones de euros, al tiempo que podrán acceder a 11,4 millones en programas generales de liquidez y crédito con avales, a interés cero.

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Así, se habilitan subvenciones directas para la adecuación de espacios seguros que permitan continuar con la actividad en la temporada de invierno, por ejemplo, mediante el cerramiento de terrazas y la instalación de mobiliario de confort (mamparas, estufas, cortavientos...); ayudas para financiar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores y las contrataciones necesarias para sustituir a empleados de baja por COVID-19; líneas para incentivar la demanda y para la adquisición de equipos de protección colectiva.

También se contemplan apoyos financieros para que las empresas del denominado ‘canal Horeca’ (hoteles, restaurantes y cafeterías) puedan afrontar los pagos a sus proveedores, garantizando así liquidez al sector primario autonómico. Y se establecen bonificaciones al consumo de servicios turísticos realizados en establecimientos de Castilla y León y ayudas al mantenimiento del empleo.

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Compromiso con el sector

El presidente autonómico ha resaltado el esfuerzo presupuestario que va a realizar la Junta a través de este plan, lo que evidencia su compromiso con estas actividades productivas, y ha exigido al Gobierno de España que también se implique con la hostelería y el turismo.

Según ha argumentado, la situación complicada por la que atraviesan estos sectores no es un problema exclusivo de un territorio, sino que afecta al conjunto del país, lo que requiere una “respuesta conjunta y coordinada” que debe liderar el Ejecutivo central, con la participación de las administraciones autonómicas y locales y de los empresarios.

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Fernández Mañueco ha insistido en que es al Gobierno de España al que corresponde articular ese plan de apoyo a la hostelería, pero ha añadido que, si no lo hace, Castilla y León impulsará uno propio para la reactivación de esta actividad estratégica para la economía.

Apoyos al Comercio

Junto a las medidas específicas para los sectores hostelero y turístico, el Plan de Choque prevé también distintas actuaciones para reactivar el consumo e impulsar el comercio de proximidad, así como medidas de apoyo a los promotores de actividades culturales, feriantes o promotores de orquesta.

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Desde el punto de vista del empleo, se incluye una línea de ayudas para fomentar la contratación de desempleados por parte de las entidades locales; para apoyar a mayores de 55 años que se hayan quedado sin su puesto de trabajo durante esta pandemia, y para complementar las prestaciones de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Digitalización y seguridad industrial

Además de estas ayudas que pretenden garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo, el acuerdo firmado esta mañana contempla otras medidas para que empresas y trabajadores puedan adaptar su sistema productivo a las necesidades del futuro y a los cambios que se están produciendo en el mercado laboral y que se han visto acelerados por la pandemia.

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En este sentido, el documento recoge incentivos a la digitalización, modernización y mejora de la seguridad de las empresas, así como programas para la formación y cualificación de trabajadores y desempleados en competencias digitales.

El Plan de Choque suscrito hoy da cumplimiento al punto 25 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, firmado el pasado 17 de junio entre la Junta y la mayoría de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León. Asimismo, su puesta en marcha implica reforzar y complementar el plan de medidas extraordinarias para la protección de los trabajadores, las empresas y las familias frente a la COVID-19, aprobado en abril.

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