El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de Ley de Protección animal, primera norma que regula a nivel estatal los derechos de los animales, y lo hizo con el texto de Podemos de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a pesar de que el ministro Luis Planas había mostrado su oposición a que incluyera perros de cazadores y ganaderos. Los ganaderos y cazadores ya han mostrado su indignación por la aprobación, previo a su paso por el Congreso y el Senado, y han anunciado que pedirán su retirada en la manifestación del campo convocada en Madrid por Alianza Rural el próximo 20 de marzo.
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El texto aprobado obliga a todo aquel que tenga cinco perros a registrarse como núcleo zoológico; además, permite su cría solo a aquellos que estén constituidos como criadores; y, entre otros aspectos, los perros que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas deberán estar esterilizados. Queda permitido regalar o vender un perro cazador a titulares no inscritos en el Registro de Cazadores, pero siempre que se comprometa el receptor a esterilizarlos en un máximo de tres meses si es adulto o antes del año en el caso de ser cachorro.
Además, y si no existen modificaciones de este anteproyecto en el Senado o en el Congreso de los Diputados, los perros de caza, pastoreo y guarda de ganado deberán mostrar pruebas de sociabilidad y de no superarlas, supondrá su clasificación como perros de manejo especial pero fuera de la actividad específica.
Así, el anteproyecto establece la obligación de que estos perros de trabajo pasen revisiones veterinarias específicas anuales para determinar su aptitud física y psicológica para la actividad desarrollada. El uso de cualquier animal en actividades profesionales requerirá estar en posesión de un certificado expedido por un veterinario colegiado que lo acredite y deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Animales de Compañía, lo que aumentará la burocracia para ganaderos y cazadores.
A su vez, en el anteproyecto se establecen una serie de condiciones que deberán cumplir los perros de trabajo: se prohíbe el uso de collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo. También el uso de bozales cerrados o de cualquier otro diseño que no permita la correcta respiración y ventilación del perro. Y como una de las grandes novedades, establece un periodo de inicio al trabajo y de jubilación.
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Así, en el caso de los perros, fija que ninguno podrá realizar tareas profesionales hasta haber cumplido los 18 meses, aunque pueda iniciar el entrenamiento antes de alcanzar esa edad. En cuanto a su jubilación, su edad será determinada por un veterinario, que expedirá un informe de aptitud y bienestar cada año a partir de los 7 de edad para que el perro pueda mantener su actividad. Los perros que se jubilen y que ya no se queden con su hasta entonces dueño, deberán ser puestos en adopción a través de acuerdos con entidades de protección.
En cuanto a los equinos, ninguno podrá utilizarse en actividades profesionales hasta haber cumplido los 4 años de edad. Su edad de jubilación será siempre antes de los 23 años pero la determinará también un veterinario, que expedirá un informe de aptitud y bienestar cada año desde los 15 de edad del animal. El animal, una vez jubilado, nunca podrá ser destinado a consumo o elaboración de subproductos.
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Solo permite la eutanasia autorizada por un veterinario y para evitar el sufrimiento del animal por enfermedad incurable.
El anteproyecto ha sido criticado por ganaderos y cazadores por el incremento de la burocracia y los costes y también por elevar las sanciones hasta los 600.000 euros, con un mínimo de 600 euros. El Consejo de Ministros aprobó también ayer el anteproyecto para modificar el Código Penal y endurecer las penas por abandono.
Javier Tendero, delegado provincial de la Federación Española de Caza de Castilla y León, señaló que “se veía venir” y anunció que en torno al 70% de los 900 cazadores federados de Salamanca acudirán a la protesta de Madrid del 20 de marzo. “Va a atacar al sector cinegético”, señaló, y como ejemplo puso que les impide crear y seleccionar sus propios animales y establece jubilaciones inasumibles. “Hay que pararla”, señaló.
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Por su parte, Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, indicó que con el anteproyecto se aprueba la “humanización de los animales”, como confirma, dijo, que se fije hasta la jubilación del animal. “Es ideológica y no aporta”, lamentó.
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