Viernes, 13 de diciembre 2019, 14:25
Los Estados miembros de la Unión Europea han decidido no renovar la autorización para la comercialización del clorpirifós en el mercado comunitario. Dicha autorización expira el próximo 31 de enero, con lo que a partir de esa fecha esta sustancia se suma a la lista de fitosanitarios cuyo uso está prohibido o muy restringido en la UE.
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La Comisión Europea propuso hace unos meses la no renovación del uso de este insecticida en la UE debido a su impacto en la salud humana. En agosto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) confirmó que se habían identificado riesgos para la salud humana y que, dados los datos disponibles, no se podían establecer unos niveles seguros de exposición. Lo mismo sucede con el clorpirifós metil, sobre el que se publicó un dictamen en septiembre.
La Comisión señalaba entonces que seguirá retirando del mercado las sustancias activas de las que no pueda demostrarse que cumplen con los criterios de seguridad establecidos en la reglamentación y propuso que no se renovara su autorización.
Ahora, los expertos de los Estados miembros en el Comité Permanente de Plantas, Animales y Alimentos de la UE han apoyado la propuesta de Bruselas para que este insecticida (tanto el clorpirifós como el clorpirifós metil) deje de utilizarse en la Unión. En consecuencia, quedará prohibido a partir del 31 de enero del año que viene, aunque habrá un corto período de gracia, de unos 3 meses, para que se pueda dar salida a cantidades ya adquiridas o almacenadas.
El clorpirifós se utiliza en el control de una larga lista de plagas y en numerosos cultivos, desde los cereales y la remolacha a frutas y hortalizas.
Neonicotinoides. En lo que respecta a los tres neonicotinoides –clotianidina, tiametoxam e imidacloprid- cuyo uso está prohibido en la UE con carácter general (solo se permiten en invernaderos permanentes), la Comisión Europea quiere acabar con las excepciones que algunos Estados miembros aplican como medida de emergencia para el tratamiento de ciertos cultivos que no cuentan con alternativas. Los países que más uso hacen de esas excepciones son Rumanía y Lituania.
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Sin embargo, la propuesta de Bruselas dirigida a acabar con esas autorizaciones excepcionales no ha encontrado el eco que esperaba entre los Estados miembros. En una votación que tuvo lugar a finales de noviembre no se reunió una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de la misma, ya que los Estados miembros consideran que esas decisiones deben quedar en manos de las administraciones nacionales.
Por último, Austria ha dado marcha atrás en su decisión de prohibir el glifosato a partir ya de 2020. Aunque el Parlamento del país se pronunció en ese sentido el pasado mes de julio, el Gobierno ha argumentado un fallo de procedimiento para anular la decisión parlamentaria; en concreto, apunta que la decisión tendría que haberse notificado a la Comisión Europea para que ésta y los Estados miembros pudieran presentar observaciones, algo que no se ha hecho.
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