Miércoles, 10 de agosto 2022, 21:39
La ministra Teresa Ribera se opone a que, como solicitan Castilla y León, Cantabria y Galicia, vuelvan los controles poblaciones del lobo o caza de los ejemplares más conflictivos con la ganadería.
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Según recoge en la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, el camino es la prevención y existe “consenso desde un punto de vista técnico”, refleja el documento, en que las medidas más efectivas de protección son la instalación de cercados perimetrales para los animales más vulnerables (terneros y ovejas/cabras; la agrupación de rebaños y la presencia de pastor con perros guardianes.
Según defiende el Ministerio, el proyecto Life COEX demostró entre 2004 y 2008 que el uso tanto de perros de guarda como de cercados protectores (vallados eléctricos y vallados tradicionales) se mostraron como métodos efectivos.
Comunidades loberas, como Castilla y León, se quejan de que el Gobierno no ha liberado los 20 millones prometidos para ayudar a ganaderos a poner esas medidas en marcha o pagarles indemnizaciones tras los ataques, algo que afrontan ellas en solitario. Defienden también que el control es una medida que se ha utilizado de forma excepcional.
En Castilla y León entre los años 2018 y 2020, según figura en la Estrategia, el lobo mató 21.114 cabezas de ganado y la Junta, con esas autorizaciones ahora imposibles, abatió 14 ejemplares del lobo al sur del Duero y uno al norte. Ahora además la situación es distinta porque el MITECO reconoce la recolonización por parte del lobo de dehesas al oeste, en Salamanca y Ávila, por lo que ha aumentado la conflictividad.
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