Rechazada la petición de retirada del impuesto que sustituye al 'céntimo sanitario'

Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy, con los votos de la mayoría absoluta del PP, pedir a la Junta que retire el impuesto de hidrocarburos porque, según defendió en la presentación de una Proposición no de Ley el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, José Francisco Martín, perjudica a la Comunidad y ha sido considerado ilegal por parte del Tribunal Europeo.Martín denunció la “nueva teoría de conspiración” mediante la cual, dijo, la culpa de la ilegalidad del céntimo sanitario es de los distrubuidores de gasolina, de los transportistas y del PSOE. A su juicio, la política fiscal de la Junta es “como un pollo sin cabeza” porque “cada día va en una dirección distinta”. Toman, aseguró, buenas medidas cuando recogen las que rechazan del PSOE y el resto “son malas”.La peor de ella, argumentó, es la del “centimazo” que afecta a todos los sectores y a todos los ciudadanos de la Comunidad autónoma y que no repercute en los servicios públicos que reciben los castellanos y leoneses. Además, insistió en que cada mil litros que no se venden de gasolina en la Comunidad supone una pérdida de 324 euros para la administración y que son 86 millones de euros desde la puesta en marcha de este impuesto, a lo que sumó la pérdida de puestos de trabajo.Por ello, exigió a la Junta que “elimine el centimazo” y ponga en marcha una campaña para que todo el mundo sepa que en Castilla y León se ha eliminado este tributo y se evite la fuga de consumo a otras regiones limítrofes.Sin embargo, para el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz, este impuesto “es necesario hasta que la situación mejore y es fundamental para mantener la calidad de los servicios públicos”. No obstante, admitió que cuando la situación económica mejore se estudiarán las diferentes modificaciones fiscales.Cruz culpó de la ilegalidad del céntimo sanitario al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, dijo, no modificó la normativa en 2008 y de ahí derivó esta ilegalidad. Una consecuencia más, añadió, de “la inacción del PSOE”.Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José María González, recordó que su grupo ya advirtió de que este impuesto traería “más inconvenientes que ventajas”. Se trata, dijo, de “un impuesto chapucero” que deja a Castilla y León en evidencia ante la Unión Europea.